Derecho de rectificación y respuesta a las notas de CRHoy del 30 y 31 de mayo sobre la transición a televisión digital y el dividendo digital

Derecho de rectificación y respuesta a las notas de CRHoy del 30 y 31 de mayo sobre la transición a televisión digital y el dividendo digital

Sábado 3 de junio, 2017. Los días 30 y 31 de mayo anterior, el medio de comunicación CRHoy, publicó dos informaciones relacionadas con el proceso de transición a la televisión digital los cuales contienen información técnica y jurídica errónea, imprecisa y parcializada sobre el actuar del Gobierno de la República en torno al proceso de transición a la televisión digital, información que induce a error a los lectores de dicho medio y desinforma a la población sobre un tema cuyo impacto que es de suma importancia para el país.

El Gobierno de la República, a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, ha asumido con responsabilidad y transparencia el salto tecnológico que necesita el país hacia la Televisión Digital, proceso que se ha realizado de manera participativa y en apego al marco técnico y jurídico que rige nuestro Estado de Derecho.

No es cierto que “se dará un festín y monopolio de las televisoras con el espectro radioeléctrico si no se aprueba una nueva ley”, tal y como afirman las publicaciones, ni tampoco es cierto que la Administración actual ha mostrado poco interés en poner en orden las concesiones de televisión. De conformidad con el artículo 121 inciso 14) de la Constitución Política, el espectro radioeléctrico es un bien demanial propiedad de la Nación, cuya administración y control corresponden al Estado. Por consiguiente, el espectro liberado producto del reacomodo de los canales, que será generado al implementar la Televisión Digital Terrestre, queda a disposición del Estado costarricense. Como en reiteradas ocasiones ha manifestado el Poder Ejecutivo, en el momento en que se cuente dicho dividendo digital, se realizarán los concursos públicos según los procedimientos establecidos en la legislación para asignar ese espacio. De esta forma, y en apego a dichos procesos jurídicos, los objetivos y alcances de estos concursos serán definidos en los respectivos carteles de licitación, y podrán participar todos aquellos interesados.

Tal parece que el redactor de la nota no tiene claridad técnica sobre el tema, pues da por hecho una multiplicación automática de canales o de la programación ofrecida por los concesionarios en sus frecuencias, cuando en realidad, el proceso de digitalización implica la adecuación de los títulos habilitantes, por lo cual, no se puede ignorar el alcance de los títulos vigentes. Es decir, un canal que se haya otorgado con destino de ser repetidora, no puede variar su uso para ser matriz, o un canal que se haya otorgado para una zona geográfica específica, no puede ampliar o reducir su zona de acción. Esto implica que la multiplicación simple que se menciona en la publicación, es inexacta, porque combina indistintamente matrices y repetidoras, y asume incorrectamente que tanto repetidoras como matrices tienen cobertura nacional.

Es un hecho que el cambio a televisión digital permite un uso más eficiente del espectro radioeléctrico. El estándar digital adoptado por nuestro país habilita canales físicos que en tecnología analógica no se podían utilizar por una limitante propia del estándar analógico utilizado actualmente, el cual, no permite el uso de canales consecutivos en una misma zona geográfica. Asimismo, ofrece la posibilidad de implementar redes de frecuencia única (SFN, por sus siglas en inglés), que permiten usar menos frecuencias para cubrir zonas geográficas más amplias; cumpliendo una serie de exigencias técnicas. Además posibilita la multiprogramación, pero empleando el canal físico de 6 MHz completo, no porciones de él, pues la capacidad de datos digitales en cada canal va a depender de los parámetros técnicos de transmisión que permite el estándar digital.

Por ello, no se debe dejar de lado que las concesiones actualmente vigentes para televisión abierta y gratuita, tienen como objeto de concesión, el canal físico de 6 MHz de ancho de banda. Esto no es una interpretación de parte del Gobierno, como se señala en las notas periodísticas, sino que está fundamentado jurídicamente en los títulos habilitantes que están actualmente vigentes, y que, en cualquier Estado de Derecho como el nuestro, nos encontramos obligados a respetar, en garantía de los derechos de información y comunicación, y de la seguridad jurídica.

Adicionalmente, en los números y gráficos mostrados en el reportaje, no se están considerando los canales de las bandas de VHF o canales por encima del canal 52, que deben ser reubicados en el segmento habilitado para canales en tecnología digital, y mezclan en algunos de los casos, las concesiones de canales analógicos (y que tendrían que ser adecuadas para su operación en digital), con permisos experimentales de naturaleza precaria otorgados exclusivamente para pruebas durante la transición. Este tipo de afirmaciones y supuestos realizados por el redactor de las informaciones, no están técnica ni jurídicamente fundamentados, lo cual preocupa, considerando el principio de veracidad que debe regir el ejercicio de una prensa responsable.

Por otro lado, es necesario aclarar que no existe un “espacio radioeléctrico digital”, ya que toda forma de propagación electromagnética es de naturaleza analógica (las ondas son analógicas y se propagan por el espacio como tal), y lo que es digital es la información que se codifica y se modula sobre la portadora para ser transmitida al destinatario, en este caso, los televidentes. De esta forma, desde esta perspectiva técnica, es incorrecto hablar de espectro radioeléctrico digital, ya que el espectro radioeléctrico es uno solo, y por lo tanto no puede pretenderse una regulación distinta desde el punto de vista técnico.

También es falsa la afirmación que se reitera en las notas publicadas, sobre la supuesta carencia de una ley que regule la distribución de frecuencias en nuestro país. Tal y como lo ha indicado la Procuraduría General de la República en su dictamen Nº C-110-2016, de fecha 10 de mayo de 2016, para el caso de radiodifusión, se está ante un régimen jurídico mixto, en el que resulta aplicable la Ley General de Telecomunicaciones de forma supletoria ante las lagunas legales de la Ley de Radio.

En cuanto al régimen de concesión, estableció expresamente que el artículo 29 de la Ley N° 8642, Ley General de Telecomunicaciones, dispone las reglas a las cuales “se sujetan las redes de radiodifusión para una optimización del espectro, lo que comprende una asignación y utilización de esos recursos y de las infraestructuras de telecomunicaciones de manera objetiva, oportuna, transparente, no discriminatoria y eficiente.” De ahí que, para el otorgamiento de un título habilitante en radiodifusión aplica la concesión, y consecuente, el procedimiento es el definido por la Ley N° 7494, Ley de Contratación Administrativa.

Es necesario aclarar que la transición a televisión digital corresponde a un cambio tecnológico para disfrutar los servicios de radiodifusión televisiva; pero ello no implica necesariamente que deba realizarse una reforma a la ley o emitirse una nueva normativa, máxime que la Ley General de Telecomunicaciones prevé la evolución tecnológica basada en el principio de convergencia.

Adicionalmente, respecto al tema de la obsolescencia de los cánones, según lo indicado por la Procuraduría General de la República, “la aplicación supletoria de la Ley General de Telecomunicaciones a la radiodifusión no permite responder a grandes insuficiencias de la Ley de Radio. Es el caso de la ausencia de un régimen sancionatorio adecuado para la prestación de los servicios de radiodifusión; así como a una regulación obsoleta en materia tributaria. Y claro está la sujeción al canon de reserva del espectro”. Con sustento en lo anterior, el Viceministerio de Telecomunicaciones se encuentra realizando un análisis jurídico y económico, que permitirá sustentar la propuesta de regulación legal de los temas anteriormente señalados, sin dejar de lado que somos respetuosos de las competencias que en este ámbito tiene la Asamblea Legislativa.

Rechazamos enfáticamente la afirmación realizada en el sentido de que el Estado ha cedido el control de los nuevos canales a los actuales concesionarios sin garantizar una redistribución de las frecuencias y canales. Lo anterior por cuanto, tal y como ha sido reconocido en la Sala Constitucional, “los servicios inalámbricos no constituyen un bien que el particular tenga el derecho innato a usarlo o que ejerza sobre el mismo algún tipo de derechos”, es decir, es un bien del Estado, y se encuentra fuera del comercio. Por lo tanto, el Estado se reserva siempre el dominio directo sobre el recurso, y en cualquier momento que se determine un incumplimiento de las obligaciones establecidas en el título, previo cumplimiento del debido proceso y derecho de defensa, revocarlo. (Ver el Voto Nº 06053-2002 de las 14:38 hrs. del 19 de junio de 2002 de la Sala Constitucional)

Lamentamos que en la transcripción que realizó el periodista de la entrevista a la señora Ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, se omitieran partes importantes de las respuestas o se alteraran los textos brindados, lo cual restó coherencia y sustento técnico y jurídico a lo expuesto. Tal es el caso de la respuesta en la consulta específica de “¿Qué considera como “dividendo digital” el Ministerio?” de la nota del 30 de mayo, donde se incluyó como parte de la respuesta el texto: “El espacio que se liberará dentro de los 6mhz (sic) de cada concesión es considerado dividendo por algunos grupos y también consideran como dividendo todo lo que se liberará de las frecuencias repetidoras”, como parte de la respuesta de la señora Ministra, cuando en realidad esa fue una afirmación que el periodista realizó a la hora de formular la pregunta, la cual técnicamente es errónea.

Finalmente reiteramos lo indicado al periodista al remitir sus consultas sobre el tema, desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones continuaremos actuando conforme lo establece la Ley, aplicando los procesos ahí determinados para completar la transición a la televisión digital, y disponer del dividendo digital para nuevos usos. Todo esto, respetando el principio de seguridad jurídica, el derecho de defensa y debido proceso, pero defendiendo los principios rectores para el uso eficiente, transparente y no discriminatorio del espectro radioeléctrico.